El sistema de pensiones para servidores públicos en Morelos frente a los derechos humanos y la globalización

Esta investigación demuestra la necesidad de un nuevo modelo normativo llamado a la prospectiva económica y política para solucionar la crisis jurídica y financiera del sistema de pensiones para servidores públicos en Morelos, evitar el colapso y que dichas pensiones se disfruten de acuerdo con estándares internacionales y en respeto a los derechos humanos. Su diseño metodológico es inductivo partiendo de las sentencias dictadas por la Corte mexicana en las controversias constitucionales promovidas por el Poder Judicial estatal, también utiliza al derecho comparado y otras técnicas de investigación. Su aproximación teórica parte de la globalización, el neoconstitucionalismo social, así como los constitucionalismos progresista y financiero. Resultando como evidencia que la falta de información fidedigna y la mala planeación normativa y financiera de las legislaciones estatales, que pone en riesgo el derecho humano a la seguridad social, ha sido paliada de forma aislada con reformas locales sin lograr superar la problemática. Este estudio se limita y centra en la legislación morelense y el sistema de pensiones subyacente, que debe ser confeccionado de acuerdo con las características propias de la entidad, empero, a partir de recomendaciones de diversos organismos internacionales y nacionales, útiles para otros sistemas similares. El valor de este trabajo se devela por la reducida producción literaria y la poca información pública que existe sobre la materia. Se concluye en él, por una parte, que una reforma constitucional progresista y financiera, que conduzca la capacidad del legislador local a través de estándares homologados obligatorios, garantizaría de forma general el derecho humano a la seguridad social para los servidores públicos estatales y municipales; y, por otro lado, que el establecimiento de un sistema de pensiones en Morelos justo, sostenible e igualitario, necesariamente requiere de una reforma legal, de acuerdo con principios fundamentales, elementos jurídicos internacionales, factores demográficos y económicos-financieros, que dé paso a un proceso de construcción de un nuevo sistema a través del diálogo social extendido, con un diseño teórico valuado actuarialmente, una correcta implementación, gestión y administración, así como su evaluación continua. Dicho sistema, administrado por un ente autónomo y a diferencia del actual, debe ofrecer un beneficio de monto variable considerando mínimamente tres factores: edad, número de cotizaciones e historial de salario de cotización; calculado con un salario regulador que corresponda al promedio de los años de cotización más recientes y ajustado por la inflación, entre otros aspectos de relevancia.