La inconvencionalidad del arraigo y sus obstáculos frente a las restricciones constitucionales

Durante la última década, México se ha colocado a nivel mundial como uno de los principales países con el mayor índice de delincuencia organizada al interior de su territorio nacional; de hecho, es tanto el incremento que se ha venido dando en este tipo de actividades delictivas, que las diversas autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, se han visto en la imperiosa necesidad, de echar mano de esta figura, como su principal acto de investigación. Algunos autores como Juan Carlos Gutiérrez y Silvano Cantú, entienden al arraigo de la siguiente forma: El arraigo es una forma de detención arbitraria constitucionalizada que permite la vigilancia permanente del Ministerio Público sobre personas sospechosas de haber cometido algún delito o que tengan información relacionada con éste; su fin es incrementar el tiempo que tiene la autoridad para reunir pruebas contra la persona arraigada. El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino privarla de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio.¹ Sin embargo, para otros juristas como el actual Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “el arraigo supone una restricción injustificada del derecho, a la libertad personal y del principio de presunción de inocencia”.² Ahora bien, a nivel constitucional el arraigo, se encuentra amparado en el párrafo octavo del articulo 16 de la Constitución Federal; mismo que consiste en la privación de la libertad de una persona por un plazo que no puede exceder en ningún caso de los ochenta días en el lugar y forma previsto en la ley por ser necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista el temor fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia; en otras palabras, el arraigo permite privar de la libertad de manera anticipada a una persona que se presume participe de la comisión de diversos delitos de delincuencia organizada. No obstante, si bien es cierto, el arraigo pretende asegurar el éxito de la investigación por ser la delincuencia organizada una estructura criminal compuesta por tres o mas personas y cuyo fin, es perpetrar de manera reiterada diversos hechos delictivos que lesionan gravemente distintos bienes jurídicos y en esencia la seguridad nacional, no menos cierto es que, dicha figura atenta de manera directa contra el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia mientras no se obtenga una sentencia condenatoria firme; pues en esencia, en el arraigo primero se detiene y luego se investiga, lo que produce un daño de imposible reparación a la esfera jurídica del hasta ese momento detenido.