El derecho colaborativo y las áreas de oportunidad para su implementación en el sistema jurídico mexicano

El derecho se ha encargado de normar las conductas individuales de los sujetos conformantes del Estado, a efecto de lograr una convivencia pacífica entre ellos y el consecuente bien común, en concordancia con los valores culturales de la justicia social moldeada por cada sociedad. Sin embargo, no podemos negar que existen conflictos que muchas veces no se pueden evitar, debido a la heterogeneidad de la sociedad contemporánea que se refleja en la multiplicidad de ideas y la basta multiculturalidad, lo que sumado a los fenómenos globalizadores, han vuelto necesaria la evolución de las formas de su resolución, puesto que las formas tradicionales que conforman la justicia impartida por el Estado, han dejado de ser funcionales en una gran cantidad de las controversias jurídicas actuales. El sistema judicial mexicano cuenta con un rezago en la resolución de los conflictos que son sometidos a su conocimiento, lo que se traduce en diversas violaciones a los derechos humanos, como la protección de las garantías de acceso pronto, sencillo y efectivo a la impartición de justicia. Dicho rezago, aunado al tema de la impunidad, han generado un distanciamiento entre las instituciones impartidoras de justicia e investigadoras del delito y los ciudadanos, propiciando un ambiente de desconfianza, lo cual impide que los conflictos puedan ser resueltos de buena forma. En ese sentido, es necesario establecer nuevas formas de resolución de conflictos que permitan un acceso pleno a la justicia y a la protección de los derechos subjetivos y fundamentales de las personas, cuya garantía se encuentra establecida en el artículo 17 constitucional. Una de las fórmulas que se puede utilizar como medio para combatir la situación descrita, son los mecanismos alternos de solución de controversias, como lo son la mediación, el arbitraje y la conciliación, sin embargo, en la investigación que se pretende realizar, se tomará como principal objeto de estudio al derecho colaborativo, cuya principal meta es construir entre las partes intervinientes del conflicto, una solución que pueda dirimirlo, lo cual se puede lograr mediante un proceso de negociación, que se encuentre basado en la ética y la racionalidad, con el apoyo de profesionales multidisciplinarios que coadyuven en todo momento a la resolución justa para todos los intervinientes. En el proceso del derecho colaborativo, el acceso a la justicia lo obtienen las partes sin intervención, en un inicio, de los órganos estatales impartidores de justicia, a efecto de evitar la judicialización, dada la carga excesiva de trabajo que tiene el sistema estatal y la desconfianza generada sobre este, llevando a cabo una participación activa de las partes intervinientes con la colaboración de sus respectivos abogados y con el trabajo colaborativo multidisciplinario de los profesionales que se requieran para resolver cuestiones específicas. De acuerdo con lo anterior, los ciudadanos tienen el derecho de acceder al mecanismo que consideren oportuno para solucionar sus problemas jurídicos, siendo una obligación del Estado garantizar la existencia de procesos, recursos y medios de solución para lograr ese fin. El derecho colaborativo es una figura novedosa que puede ser incluida en estos mecanismos, a efecto de estar disponible para los ciudadanos que pretendan arreglar sus problemas jurídicos entre los mismos intervinientes del conflicto y sus abogados, sin que medie un tercero ajeno, y únicamente sea sometido el acuerdo final a la autoridad judicial para su sanción y homologación con efectos de sentencia ejecutoriada. Bajo esa óptica, se propone analizar las áreas de oportunidad para la implementación del derecho colaborativo en el sistema jurídico mexicano, puesto que con el desarrollo de la actividad colaborativa, se llegarían a acuerdos cada vez más justos y se mejoraría el nivel de cumplimiento de las resoluciones, ya que solucionar los conflictos de esta manera, favorece el papel activo de las partes, evitando judicializar los asuntos y propiciando una cultura de paz apegada al derecho, a la razón y la ética.