Breve análisis del tercer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

La Estrategia de Seguridad Nacional de México constituye el principal instrumento rector de la política del Estado en materia de preservación de la soberanía, la integridad territorial y la paz social. Este documento estratégico busca articular las acciones del gobierno federal, en coordinación con los estados y municipios, a fin de hacer frente a los riesgos y amenazas que comprometen la estabilidad nacional. En su diseño y ejecución, se observa una transición conceptual desde un enfoque tradicional centrado en amenazas externas hacia una visión más amplia, donde se reconocen los factores internos —como la violencia criminal, la corrupción institucional y las desigualdades estructurales— como los principales vectores de inseguridad. De ahí que el combate a la delincuencia organizada no se reduzca al despliegue de fuerzas armadas o policiacas, sino que integre acciones de inteligencia, fortalecimiento institucional, prevención social del delito y combate a la impunidad. Sin embargo, la implementación de esta estrategia enfrenta desafíos significativos. Por un lado, persiste la militarización de la seguridad pública, lo cual ha suscitado críticas en torno a la subordinación del poder civil y la posible vulneración de derechos humanos. Por otro lado, la debilidad estructural de los cuerpos civiles de seguridad y la fragmentación de competencias entre órdenes de gobierno obstaculizan una respuesta coordinada y eficaz frente al crimen organizado y otros fenómenos delictivos de alta complejidad.

Mexico’s National Security Strategy constitutes the primary guiding instrument of state policy in matters concerning the preservation of sovereignty, territorial integrity, and social peace. This strategic document aims to coordinate the actions of the federal government with those of state and municipal authorities in order to address the risks and threats that compromise national stability. Its design and implementation reflect a conceptual shift from a traditional focus on external threats to a broader vision that recognizes internal factors —such as criminal violence, institutional corruption, and structural inequalities—as the main drivers of insecurity. However, the implementation of this strategy faces significant challenges. On one hand, the ongoing militarization of public security has sparked criticism regarding the subordination of civilian authority and the potential infringement of human rights. On the other hand, the structural weakness of civilian security institutions and the fragmentation of responsibilities across levels of government hinder a coordinated and effective response to organized crime and other complex criminal phenomena.