Creación de un Tribunal Federal Especializado en materia de seguridad social en México

Sara es un ama de casa quién vivió con Fernando, su esposo desde el año de 1980. Fernando fue un médico militar que alcanzó el grado de General Brigadier dentro de la organización de las fuerzas armadas mexicanas, conforme al derecho otorgado a los militares en México por la ley castrense, incorporó a Sara como su beneficiaria ante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con lo cual Sara y Fernando accederían a servicios médicos y beneficios económicos de acuerdo con la ley del ISSFAM. Tras varios años de casados, Sara y Fernando se divorciaron. Una vez separados, Fernando dio aviso al ISSFAM, con el fin de dar de baja a su exesposa como su beneficiaria. Pasado un tiempo Sara y Fernando decidieron vivir juntos nuevamente, pero ahora como concubinos, por lo que una vez más, Fernando dio aviso al ISSFAM para incorporar nuevamente a Sara como su beneficiaria ante dicho instituto. Una vez que Fernando cumplió con los suficientes años de servicio militar requeridos se jubiló de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Al paso de los años Fernando fallece por complicaciones cardiacas y Sara decidió solicitar del ISSFAM, pensión por viudez, sin embargo, el ISSFAM niega la petición, justificando su respuesta en que Sara no había comprobado la relación que la unía con Fernando, ya que no presentó un documento idóneo que comprobase su relación de esposa con el occiso. Sara al verse violentada en sus derechos y desprotegida, ya que no hallaba un camino claro de cómo poder exigir esos derechos ante una autoridad o juez competente y especializado en este tipo de asuntos. Este es el problema al cual se enfrentan miles de los derechohabientes y sus beneficiarios, no solamente ante el ISSFAM, sino también ante otros institutos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y los Sistemas del Ahorro para el Retiro (AFORES), instituciones que se encargan de otorgar o negar directamente y bajo sus propias leyes y procedimientos propios las prestaciones de Seguridad Social, violentando los derechos humanos de los derechohabientes y sus beneficiarios, ya que se dependiendo de las instituciones ante los cuales tengan que solicitar dichas prestaciones, pueden encontrarse con la problemática de no tener una respuesta favorable, por lo que a la hora de querer exigir dichas prestaciones en vía judicial, no se tiene la certeza de que el Tribunal ante que se acudirá sea especializado en la materia de Seguridad Social, por lo que no se garantizan los derechos humanos de los derechohabientes de debido proceso y el acceso efectivo a la justicia. Es así que el presente capítulo se compone de un análisis de un caso, donde se analizarán las características de dicho procedimiento en su etapa no contenciosa y en la etapa de juicio en contra de las resoluciones administrativas del ISSFAM, análisis jurídico que se realizará en este apartado las violaciones de los Derechos Humanos, en específico como lo es al debido proceso y al acceso efectivo a la justicia. Además, se observará el impacto de la legislación aplicable al este caso en concreto y confrontará con los diversos procedimientos con que se cuentan en el sistema jurídico mexicano en materia de Seguridad Social, lo anterior para establecer la necesidad de la unificación de los procedimientos aplicables en materia de Seguridad Social y la creación de un Tribunal Federal en Materia de Seguridad Social.